El Instituto de Investigación y Políticas Educativas (IIPE) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) sostuvo una reunión técnica con el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica y Técnico-Productiva (IPEBA) para presentar los hallazgos de su estudio realizado junto al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA): “Seguimiento de la juventud egresada entre el 2021 y 2023 del sistema articulado de formación técnica CETPRO Esteban Buscemi del distrito de San Miguel de El Faique – Piura”.
La investigación analizó el impacto del sistema articulado de formación técnica en el CETPRO, explorando las trayectorias educativas y laborales de egresados, así como los retos para su continuidad formativa, inserción laboral y emprendimiento. El estudio da cuenta de la diversidad de trayectorias y cómo, pese a desafíos como la migración o el trabajo de cuidado, las y los jóvenes despliegan repertorios creativos y redes de apoyo para ampliar sus oportunidades.
Durante el encuentro, el equipo del IIPE destacó la importancia de incorporar enfoques territoriales, de género y socioemocionales en los criterios de calidad de los CETPROs rurales, presentando además hallazgos que dialogan directamente con los marcos de evaluación, acreditación del servicio educativo y la evaluación y certificación de las competencias que desarrolla el IPEBA. El estudio evidenció que, más allá de las habilidades técnicas, la formación potencia la agencia personal, material y simbólica de los egresados, aunque su inserción laboral y continuidad educativa se ven afectadas por la informalidad y la baja densidad institucional.
Reconocimiento de aprendizajes y saberes comunitarios
La reunión permitió identificar aportes clave para fortalecer procesos de evaluación, acreditación y certificación contextualizada, articulando la academia, la política pública y las comunidades educativas. Estas discusiones revelaron el potencial del estudio para aportar al debate nacional sobre políticas de calidad educativa más sensibles al entorno rural y a las realidades sociales de sus estudiantes.
Se abrió un espacio de reflexión sobre las limitaciones de los marcos vigentes para reconocer aprendizajes situados, trayectorias discontinuas y competencias no estandarizadas, como el trabajo de cuidado y saberes comunitarios. Las preguntas planteadas sobre qué competencias deben certificarse, quién define su valor y cómo articularlas con las realidades territoriales impulsaron un debate orientado a construir modelos de calidad educativa más inclusivos y equitativos.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del IIPE con la producción de conocimiento riguroso y situado. También se orienta a impulsar políticas educativas adaptadas a los contextos rurales. Además, busca reducir brechas de acceso, continuidad y reconocimiento de las trayectorias formativas. Apostar por una evaluación de calidad implica escuchar todas las voces, reconocer otros saberes y construir marcos que contribuyan a superar la desigualdad de manera permanente.
