El Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) participó en Perú Debate 2026, una iniciativa impulsada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) junto a diversas instituciones académicas y centros de investigación, orientada a fortalecer el debate público y contribuir a la formulación de políticas de cara a las elecciones generales. En este espacio, las investigadoras Dra. Sofía Chacaltana Cortez y Lic. Hatsumi Otsu presentaron la propuesta de política pública: “Estrategia integral para la prevención, persecución y reintegración de víctimas de trata de mujeres y niñas en la Amazonía peruana”, como parte del eje de fortalecimiento de políticas sociales.
Una problemática estructural en la Amazonía peruana
La problemática abordada evidencia una realidad crítica en territorios amazónicos como Madre de Dios, Ucayali y San Martín, donde la trata de personas se articula con dinámicas de desigualdad estructural, violencia de género y expansión de economías ilegales. Actividades como la minería ilegal y el narcotráfico configuran entornos de alta vulnerabilidad social, en los que la explotación sexual y laboral tiende a normalizarse, afectando principalmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
Este escenario se ve agravado por limitaciones en la capacidad de respuesta del Estado, vinculadas a una baja asignación presupuestaria, la escasa presencia institucional en territorios alejados y la falta de servicios públicos con pertinencia intercultural. A ello se suman factores como la exclusión educativa, el racismo estructural y la insuficiente disponibilidad de personal capacitado, lo que contribuye a reproducir condiciones de vulnerabilidad y a dificultar la prevención y atención de estos casos.
Una propuesta integral frente a la trata
Frente a este diagnóstico, la propuesta presentada plantea una política pública de carácter integral, estructurada en cuatro dimensiones clave: el fortalecimiento de la presencia estatal en territorios amazónicos, la implementación de estrategias de prevención multinivel con enfoque de género e interculturalidad, la articulación de la persecución penal con la justicia ambiental y el diseño de mecanismos de reintegración que promuevan la autonomía económica de las víctimas.
Este enfoque busca no solo responder a las situaciones de explotación, sino también intervenir en los factores que la sostienen y que perpetúan la revictimización, apostando por una acción estatal más articulada, sostenible y territorialmente pertinente, centrada en la protección de los derechos humanos.
EL Proyecto Perú Debate 2026 constituye un esfuerzo colaborativo que articula investigación, evidencia y diálogo entre actores clave, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de los partidos políticos, elevar el nivel del debate electoral y contribuir con insumos relevantes para el Ejecutivo y el Congreso entrantes. En este marco, la participación del Instituto de Ética y Desarrollo refleja el compromiso de la academia con la generación de propuestas que incidan en políticas públicas.
Propuestas para un mejor gobierno
Además de la propuesta presentada por el IED, el proyecto reúne un conjunto de documentos que abordan diversos desafíos prioritarios para el país, como la mejora de la gestión pública, el fortalecimiento de las políticas sociales, el impulso al empleo y el desarrollo productivo, así como la promoción de un desarrollo sostenible. Estas iniciativas han sido compiladas en el encarte Propuestas de política para un mejor Gobierno 2026–2031, el cual sistematiza aportes basados en evidencia para contribuir a la construcción de un país más justo y con mayores oportunidades.
Con esta participación reafirmamos el compromiso de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con la generación de conocimiento aplicado y su contribución activa al diseño de políticas públicas orientadas al bien común. A través de propuestas basadas en evidencia y con enfoque territorial, la universidad busca incidir en los principales desafíos del país, promoviendo soluciones que fortalezcan la justicia social, la protección de derechos y el desarrollo sostenible.
